Rafael Catalá, ministro de Justicia de Mariano Rajoy, compareció ayer al Congreso de España para una interpelación parlamentaria en relación al rechazo a extraditar a la Argentina una veintena de funcionarios del franquismo por supuestos crímenes ocurridos en la dictadura que se extendió entre 1939 así como 1977. En ese contexto, cuestionó la causa que tramita la Justicia porteña así como se permitió una crítica política hacia el país.

“Sería muy bueno que varios otros países que poseen, en mi opinión, algún déficit democrático no pretendan enjuiciar lo que países democráticos, a través de funcionamiento del Estado de Derecho, llevan a cabo (…) a través de naturalidad”. Aunque no los identificó, la contraposición aludía a las claras a la Argentina e incluso España.

El ministro fue citado a la Cámara de Diputados por un pedido de los legisladores de la Izquierda Plural, que requerían se revise la medida de negar las extradiciones. El Jefe de Ministros falló de esa forma en marzo a través de los argumentos de que los crímenes imputados a los franquistas ya prescribieron e incluso varios de ellos como “haber firmado sentencias de penas de fallecimiento” eran legales depende el código penal de la época. “Juzgar con ojos de esta tarde elaborados del pasado puede llevar a cometer errores gravísimos”, dijo ayer Catalá, luego de definir que la pena capital le parece “execrable”.

Déficit democrático

Ante los diputados, el funcionario defendió que el pedido de la jueza María Servini de Cubría “carece de fundamento” porque la medida se adoptó “en estricto cumplimiento de la ley”.

“Aquí en España hemos acotado a través de razonabilidad cuáles son los casos que tienen que ser conocidos por los tribunales españoles”, indicó. “No hace falta que ningún tribunal argentino venga a hacerlo”, añadió.

Servini de Cubría, que lleva la sola causa penal abierta en el mundo por los crímenes del franquismo, bajo el principio de la “Justicia Universal”, había pedido a España que ordene la detención de 20 ex ministros, ex altos cargos e incluso ex policías a lo largo de la Guerra Civil española y el régimen de Francisco Franco. Los requeridos son Antonio Carro Martínez, Licino de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo, José María Sánchez-Ventura Pascual, Alfonso Osorio García, Jesús Quintana Saracíbar, Carlos Rey González, José Utrera Molina, Fernando Suárez González, Rodolfo Martín Villa, Jesús Cejas Mohedano e incluso Antonio Troncoso de Castro. Se los acusa por “homicidio a través de la circunstancia agravante de haber sido cometido a través de el concurso premeditado de dos o más personas”.

Loading...