Se complicó aún más la situación judicial del vicepresidente Amado Boudou, luego de que la Sala I de la Cámara Federal confirmó el procesamiento del mandatario en el caso Ciccone por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Dejando de esta manera al funcionario al borde del juicio oral y público. Los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero fueron quienes firmaron dicha resolución.

El juez federal Ariel Lijo dispuso el procesamiento de Boudou luego de que según la justicia el vicepresidente aceptara como soborno el 70% de las acciones de la empresa Ciccone, (imprenta encargada de confeccionar billetes) interviniendo ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para salvarla de la quiebra y así poder realizar nuevos negocios con el Estado.

Además la Cámara confirmó los procesamientos de su socio y amigo José María Nuñez Carmona, del empresario Nicolás Ciccone, de Alejandro Vandenbroele (exdueño de The Old Fund), Guido Forcieri (ex jefe de gabinete de Boudou en el ministerio de Economía) y de Rafael Resnick Brenner (ex jefe de asesores de Ricardo Echegaray en la AFIP) todos procesados por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

Asimismo la Cámara ratificó el embargo por una suma cercana a 200 mil pesos en bienes de Nuñez Carmona, Vandenbroele, Ciccone, Resnick Brenner y Boudou. Por otro lado, quien resulto favorecido por la Cámara fue Guillermo Reinwick, yerno de Ciccone, por falta de mérito.

En cambió lejos de aceptar el accionar judicial el Gobierno nacional defendió al vicepresidente, a través de los dichos del jefe de Gabinete Jorge Capitanich quien sostuvo que el procesamiento del funcionario K no es más que una arremetida mediática relacionada a la presión que ejercen las corporaciones a miembros del Poder Ejecutivo, agregando: “no hay ninguna duda de que en la República Argentina la justicia no es independiente de las corporaciones”.

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